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En el 1998 El Salvador ratifica el Protocolo de Kioto y obtiene préstamos del Banco Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo para la construcción de 12 proyectos de 'energía limpia' en donde figura el Cimarrón. Por denuncias de la ciudadanía y de las posibles comunidades afectadas, en 1999 la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos se pronunció en contra considerando que la construcción de la represa era violatoria de los derechos humanos y que impediría el desarrollo sostenible de la zona norte del país. Para hacer valer sus demandas los afectados crearon la Coordinadora de Afectados por la Represa El Cimarrón (CORAF-CIMARRÓN) y trabajaron en conjunto con la Red Latinoamericana contra Represas y por los Ríos , sus Comunidades y el Agua (REDLAR), la Fundación del Río Lempa y otras organizaciones de la región.

En el año 2000, la Fundación del Río Lempa denuncia ante el Tribunal Centroaméricano del Agua a la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica Del Río Lempa por las posibles consecuencias socioambientales a las comunidades. El Tribunal Resuelve: 1) Recomendar al gobierno de El Salvador que en cumplimiento de la Constitución de la República, que le manda tener a la persona humana como el centro de la actividad estatal, y los Tratados Internacionales, instruya a la empresa estatal Comisión Hidroeléctrica del Río Lempa, CEL, que suspenda el proyecto y se abstenga de construir la Presa 2) Demandar al gobierno de El Salvador la publicidad de los documentos que hacen relación a la política hidroeléctrica nacional. 3) Demandar al Banco Mundial que en atención a las graves consecuencias que el proyecto traería para los salvadoreños en sus vidas y en sus posibilidades de desarrollo y de los previsibles impactos, algunos irreversibles para el ecosistema, se abstenga de dar financiamiento a la CEL para la ejecución del mismo. En el 2010, Mauricio Funes del partido Farabundo Martí de Liberación Nacional (FMLN) llegó al poder y canceló el proyecto de construcción con el diseño actual de aquél entonces. Alegando, que el mismo tenía grandes impactos en el medio ambiente y en las comunidades cercanas. El presidente exigió a la Comisión Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL) en hacer un nuevo diseño.

Actualmente la CEL tiene intención de construir el Proyecto Hidroeléctrico, por lo que contrató a la empresa brasileña Electrobras para el rediseño.

En el 2013, debido a un aumento en el costo de los materiales de construcción, la CEL propuso construir la hidroeléctrica mediante una alianza Públio-Privada, bajo el esquema del BOT (“build, operate and transfer”, por sus siglas en inglés, o “construir, operar y transferir”). Con el diseño anterior, el río Lempa disminuiría en más de 70 km su caudal por la construcción de la represa El Cimarrón y desplazaría a más de 100.000 personas. Actualmente se está a la espera de un nuevo diseño, sin embargo las comunidades se mantienen en rotundo rechazo.

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